Un nuevo informe de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como "falsos positivos", asegura que al menos 300 personas, entre ellas varios indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo, fueron asesinadas en el norte del país entre 2003 y 2008 por tropas de la Primera División del Ejército.

En el texto, presentado este fin de semana a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se indica que de las víctimas también hicieron parte "campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad".

Asimismo, había "habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción, por lo que se advierte un ejercicio de exterminio selectivo".

Según las organizaciones, el informe "Y volveremos a cantar" es una declaración de persistencia frente a la impunidad y su objetivo es que la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, contribuya al propósito de reconocer que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no eran delincuentes y que sus muertes no fueron legítimas.

Igualmente, buscan que la información aportada sirva como "medio de contrastación" de las versiones voluntarias de los exintegrantes del Ejército que han comparecido ante la JEP para aportar la verdad de lo ocurrido.

En el texto entregado a la JEP se explica que un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation documentó los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre 2000 y 2010 durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo anterior, "implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública", se precisó en el documento.

El escándalo de los "falsos positivos" volvió a tomar fuerza en Colombia el pasado 18 de mayo tras un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times.

En esa ocasión, el NYT reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que podía poner en riesgo la vida de civiles al constituirse en "otra encarnación" de los "falsos positivos".

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la JEP.

A raíz de la denuncia del periódico neoyorquino se ha presentado una "cacería de brujas" en el Ejército colombiano para hallar a los militares que entregaron la información.

Precisamente, la revista Semana dio a conocer este domingo que muchos de los uniformados han sido objeto de amenazas, seguimientos e intimidaciones.

Frente a esta última publicación, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, aclaró a periodistas que, según el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, "no se ha ordenado ningún tipo de actividades en contra de miembros de la institución que estén denunciando de manera anónima presuntas irregularidades".

Asimismo, precisó que ante las aparentes amenazas a miembros del Ejército y sus familias no tiene "conocimiento de denuncias o quejas puntuales y eso hace que sea mucho más complejo poder garantizar la protección a esas personas".

EFE